Cumple con las medidas alternativas a la LGD/LISMI

María Jesús Rihuete
Coordinadora de Empresas y Comunicación

La ley General de Discapacidad propone a las empresas que tienen más de 50 trabajadores contratar al menos a un 2% de trabajadores con discapacidad, es un requerimiento legal y a la vez un compromiso social por parte del sector privado, pero cuando las empresas por distintas razones tengan especiales dificultades para poder contratar a personas con discapacidad, pueden optar por medidas alternativas que las beneficien directamente.

Pueden realizar donaciones o acciones de patrocinio de carácter monetario a favor de fundaciones o asociaciones de utilidad pública cuyo objetivo social sea, entre otros, la formación e inserción laboral de las personas con discapacidad.

En este caso se harán cargo de un importe del 1.5 IPREM (Indicador público de Renta de Efectos Múltiples) anual por cada personas con discapacidad que no se ha contratado. Para el año 2017 son 11.182,71 euros (1,5 veces el IPREM de 7.455,14 euros).

Otra opción es contratar servicios, bienes o suministros a un centro especial de empleo o con un trabajador autónomo con discapacidad. En este caso el importe anual de contratación debe ser, al menos, 3 veces el IPREM por cada trabajador con discapacidad no contratado. Para el año 2017 son 22.365,42 euros (tres veces el IPREM de 7.455,14 euros).